La situación actual de los derechos LGTBIQA+

Antes de ponernos con las celebraciones, ¿qué tal si hacemos un repaso de la situación actual de los derechos LGTBIQA+ a nivel internacional?

Este 28 de junio se celebrará el 56º aniversario de los Disturbios de Stonewall, una serie de manifestaciones contra una redada policial en el Stonewall Inn, un pub ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, que marcaron el inicio del movimiento LGTBIQA+ tal y como lo conocemos hoy en día.

Las primeras décadas del siglo XXI estuvieron marcadas por grandes avances legislativos en diferentes países, que aprobaron el matrimonio igualitario, leyes de identidad de género y, más recientemente, la autodeterminación de género. Sin embargo, una ola conservadora no solo ha frenado la aprobación de nuevas leyes que protegen al colectivo, sino que además amenaza con revertir derechos ya conquistados.

Este año, más que nunca, estar al tanto de la situación de los derechos de las personas LGTBIQA+ es fundamental para defender nuestras conquistas y combatir la LGTBIfobia, que cada vez gana más espacio en la opinión pública.

Para dar inicio al Mes del Orgullo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) ha publicado nuevos datos sobre leyes y normativas que restringen la libertad de expresión, prohíben las terapias de conversión y las intervenciones médicas innecesarias en personas intersex, lo que evidencia que las personas LGTBIQA+ aún enfrentan obstáculos para acceder a sus derechos básicos.

A día de hoy, 64 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. La pena de muerte sigue siendo la sanción legalmente prescrita en 7 de estos Estados y en otros 5 más no existe una seguridad jurídica plena.

El matrimonio igualitario está legalizado en 37 Estados miembros de la ONU y en Taiwán. En América Latina, aún no ha sido legalizado en Belice, Bolivia, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Venezuela. Sin embargo, algunos de estos países han avanzado en el reconocimiento de ciertos derechos para las personas LGTBIQA+.

En cuanto a las limitaciones a la libertad de expresión, al menos 61 Estados miembros de la ONU tienen leyes, normas y reglamentos relacionados con cuestiones de diversidad. Aunque Brasil no cuenta con barreras legales a nivel federal, entre 2019 y 2024 se presentaron al menos 437 proyectos de ley anti-LGTBIQA+ en legislaturas estatales y en la Asamblea Nacional. La mayoría de estos proyectos buscan restringir el lenguaje inclusivo, prohibir contenidos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género en las escuelas, o limitar el uso de baños conforme a la identidad de género.

En junio de 2023, un grupo de senadores en Paraguay presentó un proyecto de ley para “prohibir la promoción, fomento o enseñanza de la ideología de género en el marco de la educación paraguaya”.

Las “terapias de conversión” siguen siendo una realidad alarmante en muchos países que todavía no han prohibido estas prácticas.

Brasil fue el primer Estado miembro de la ONU en promulgar una restricción legal nacional contra las “terapias de conversión”. En 1999, el Consejo Federal de Psicología emitió una resolución que prohibió la patologización de las conductas homoeróticas, y en 2018 actualizó la normativa para incluir a las personas trans, declarando que “las expresiones e identidades de género son posibilidades de existencia humana que no deben entenderse como psicopatologías, trastornos mentales, desviaciones o insuficiencias”.

España aprobó en 2023 la Ley Trans y LGTBI, que entre otras disposiciones, prohíbe las “terapias de conversión”. En México, el proyecto de ley para prohibirlas fue presentado en 2018 y finalmente aprobado en 2024.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay también cuentan con legislaciones que indirectamente limitan estas prácticas al establecer que no se puede diagnosticar la salud mental de una persona con base en su orientación sexual o identidad de género.

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública emitió un acuerdo ministerial en 2012 que prohíbe estas prácticas en centros de rehabilitación. Posteriormente, una reforma al código penal en 2014 agravó el delito de tortura cuando se comete con intención de modificar la identidad de género u orientación sexual.

Apenas 9 Estados miembros de la ONU cuentan con restricciones legales a las intervenciones médicas no vitales en criaturas intersex. Dos más han adoptado restricciones a nivel subnacional. Aunque no han legislado sobre este tema, tanto Colombia como Chile han actuado por vías ejecutivas y judiciales para limitar este tipo de intervenciones sin consentimiento.

Las primeras leyes de identidad de género surgieron ante la necesidad urgente de las personas trans de cambiar su nombre y género en los documentos oficiales. Con el tiempo y una mayor comprensión sobre la identidad de género, la autodeterminación y el reconocimiento de géneros no binarios se han convertido en nuevas demandas del colectivo.

Actualmente, 18 Estados miembros de la ONU permiten el reconocimiento de género basado en la autodeterminación a nivel nacional. En España, algunas comunidades autónomas ofrecen marcadores de género no binarios para fines registrales dentro de sus competencias.

El 21 de julio de 2021, Argentina sancionó el Decreto 476/2021, que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad y en el pasaporte, reconociendo identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.

ILGA Mundo es una federación internacional que agrupa a más de 2.000 organizaciones de más de 170 países y territorios, que luchan por los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales.

Más información: ilga.org