El fallo, dado a conocer el pasado viernes 28 de noviembre y divulgado por medios japoneses, es el primero en este sentido de un alto tribunal nipón.
El Tribunal sostuvo que “las actuales disposiciones del derecho civil que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo siguen siendo razonables en las circunstancias actuales”. La jueza Ayumi Higashi añadió que las leyes sobre el matrimonio igualitario deberían ser “debatidas a fondo” en el Parlamento.
En Japón hay ocho tribunales superiores y, hasta ahora, los de Sapporo, Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka habían concluido que la falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo viola la Constitución.
Además de considerar constitucional el limbo legal en el que se encuentran las parejas homosexuales, la nueva sentencia ha anulado una resolución anterior, emitida en 2024 por una instancia inferior, que sostenía que la ausencia de reconocimiento de los matrimonios igualitarios situaba a las parejas afectadas en un “estado de inconstitucionalidad”, un estadio previo a una declaración de inconstitucionalidad plena.
El fallo responde a una demanda presentada en 2019 a raíz de una campaña de la organización Marriage for All Japan (Bodas para Todo Japón). Ocho demandantes llevaron el caso ante el tribunal de Tokio, argumentando que el Código Civil y el registro familiar los excluían ilegalmente del derecho a casarse y los privaban de la protección legal de la que gozan las parejas heterosexuales.
La resolución ha supuesto un golpe para los derechos LGTBIQA+ en Japón. “Todo lo que queremos es lo mismo que todos los demás: casarnos con la persona que amamos y ser felices”, declaró la demandante Rie Fukuda. “¿No merecemos reconocimiento legal y felicidad?”.
Japón es el único país del G7 que no ofrece ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. No obstante, en 2015 se dio un paso significativo gracias a la iniciativa de dos oficinas municipales, una de ellas en Shibuya, Tokio, que comenzaron a permitir el registro de parejas del mismo sexo.
Desde entonces, más de medio millar de gobiernos locales han adoptado este sistema, cubriendo más del 90% del territorio. Aunque el registro es oficial y cuenta ya con más de 5.000 parejas inscritas, no otorga derechos clave, como la herencia o el acompañamiento en caso de hospitalización.